En la audiencia de acusación, que empezó este martes, el abogado Jorge Arenas pidió anular el escrito de acusación que presentó la Fiscalía contra su cliente porque considera que le están achacando situaciones que no lo salpican a él sino al excongresista del Polo.

"No se puede acusar a nadie sin ser autor o partícipe de un delito (...) No se le puede acusar (a Samuel Moreno) por ser hermano del senador Iván Moreno -dijo el defensor-. Aquí han llegado a decir que la responsabilidad de Samuel Moreno llegó por consanguinidad".

La Fiscalía acusó al exalcalde de prevaricato en favor de terceros, interés indebido en contratos y por concusión (pedir sobornos).

La hipótesis en las diferentes investigaciones que hay por el escándalo apuntan a que Iván Moreno -inhabilitado por 20 años esta semana por la Procuraduría- aprovechó su condición de hermano del exalcalde para obtener prebendas de los contratistas.

Los empresarios Julio Gómez y Emilio Tapia y el abogado Álvaro Dávila, cercanos a los Moreno, han sido señalados como los 'cerebros' del plan para manejar la contratación a cambio de coimas.

El abogado del exmandatario, quien está preso desde septiembre y fue suspendido por un año por la Procuraduría por el mismo escándalo, dijo que su cliente no tendría por qué haber conocido la cita en Miami, en julio del 2008, entre el abogado Dávila, los empresarios Miguel y Guido Nule y el excongresista Iván Moreno, encuentro que para la Fiscalía, la Corte Suprema y la Procuraduría ocurrió.

También dijo que el exalcalde no tuvo nada que ver con la supuesta negociación de una comisión del 6 por ciento, que habría mediado Dávila.

"La Fiscalía hace una serie de afirmaciones que no son acciones del doctor Samuel Moreno, sino que tienen que ver con los comportamientos de otras personas", aseguró.

Arenas también preguntó por qué la Fiscalía menciona como una de las pruebas contra Samuel Moreno que su hermano hubiese viajado en el avión privado del contratista Emilio Tapia y que en 2010, poco antes de que estallara el escándalo, el excongresista haya logrado una abultada votación en Sahagún (Córdoba), el pueblo de ese empresario.

La Fiscalía señaló que para adjudicar las licitaciones en Bogotá "se adulteraron documentos, se utilizaron varias propuestas de las mismas personas para los mismos contratos y se modificaron los pliegos". El Tribunal Superior de Bogotá debe resolver la solicitud de anular la acusación. La jueza negó este martes esa petición.

Lo que reconoce uno de los 'cerebros' del 'carrusel'
El próximo martes, un juez decidirá si acepta la negociación entre Julio Gómez y la Fiscalía, a través de la cual el contratista reconoció su responsabilidad en el escándalo del 'carrusel de la contratación' en Bogotá y aseguró una rebaja de hasta la mitad de su condena.

Gómez reconoció los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. También devolvió 12 mil millones de pesos recibidos como adelanto en sus contratos con la Alcaldía y garantizó su "compromiso de colaboración con la administración de justicia, como testigo de cargo".

Con el preacuerdo, Gómez está aceptando cada una de las afirmaciones de la Fiscalía en el expediente, en el cual se lee que "existió un acuerdo de voluntades entre Julio Gómez, Emilio José Tapia, los miembros del grupo empresarial Nule, otras personas y Álvaro Dávila, en relación con los contratos de la malla vial, para la comisión de varios delitos".

El empresario, que ahora está salpicado por varios contratos de hospitales, reconoció que tres de sus firmas recibieron plata de contratos relacionados con los Nule. Se investiga si esa relación comercial fue la puerta utilizada para pasar plata de los Nule hacia Iván y Samuel Moreno.